¡Basta de TORTURA en las cárceles colombianas!

Imagen de Areito para denunciar la tortura en Colombia: la publico en agosto 2012 con un nuevo texto, porque lamentablemente la tortura contra la oposición política en Colombia, lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos años, en el régimen de Uribe y hoy con el régimen de Santos. La tortura en las cárceles revela sistematismo, y asimismo las detenciones-desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad que significan tortura para el desaparecido, sus familiares y su entorno social, siguen incrementándose.

Para ahondar sobre la realidad de la tortura en Colombia recomendamos leer y difundir en solidaridad la siguiente investigación:

Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad revelan una lógica de estado

Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *

Por Azalea Robles

“Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad”.

Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas’, está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: ‘necesitó atención médica para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada’.

“Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de tortura”. CSPP

1.Introducción

Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad en su conjunto. Es el‘castigo’ contra el pensamiento crítico, la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2]. Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga, mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: “La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por delitos políticos]”[3]. Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por ‘terrorismo’ y otros delitos comunes, debido a las estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos en falsos ‘testigos’ contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social –en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.

[IMAGEN] Presos Políticos sufren asesinato de sus familiares por negarse a fungir de falsos testigos en los montajes judiciales del estado colombiano + texto

 

A continuación un texto sobre la dramática realidad de miles de presos políticos en Colombia, y al final del texto un link de una investigación más extensa. Imagen Areito: www.areitoimagen.blogspot.com  Difunda la imagen y el texto en solidaridad con una causa urgente y ocultada por los medios.

 Presos Políticos entre torturas e invisibilización:'delito de rebelión' por oponerse al monopolio capitalista*

Por Azalea Robles

En Colombia hay miles de hombres y mujeres condenados por el “delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo” [1], una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado colombiano y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial.  Los montajes judiciales con testigos pagados y pruebas falsificadas, sacadas incluso de 'computadores mágicos', son urdidos de manera sistemática contra los perseguidos políticos: los procederes ilegales del estamento militar y sus testigos adiestrados en las oficinas militares [2], son avalados por el aparato Fiscal de manera escandalosa, y se articulan con leyes de criminalización de la protesta: el aparato judicial es usado como arma de guerra contra la población, para desarticular la organización social e impedir el pensamiento crítico.

Por otro lado también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.

La existencia de miles de presos políticos es testimonio de la guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social.

En Colombia el capitalismo se expresa al paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del gran capital se aplica de la manera más descarnada contra la población, con la finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. Hay más de 5,4 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras en Colombia, multinacionales y latifundio acaparan las tierras robadas, y hoy legalizan títulos de propiedad en base a astutos malabarismos amparados por la Ley Santista relativa a la tierra, que como bien denuncian las comunidades: legaliza el despojo. En tiempos en que el capitalismo mundial profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias represivas desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la región, lo que constituye una razón más para solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las razones éticas.

TORTURAS: el asesinato de familiares como forma de tortura *

Sobre las torturas hay muchísimo que denunciar, las aberraciones cometidas contra los presos políticos se superan en horror unas a otras, y son cometidas al amparo del ostracismo e invisibilización: por ello la solidaridad con los presos políticos debe plantearse como una prioridad social. Hay presos que pasan años metidos en calabozos [3], hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y sicológicas; hay presos empujados a la muerte porque se les niega la asistencia médica [4], presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos terminales que viven una tortura permanente, al serles negados incluso los medicamentos contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares cuando están totalmente indefensos. Un caso revelador es el caso del preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por la negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en un pabellón lleno de paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH [5]. Igualmente hay varios presos políticos y de guerra que han sufrido el asesinato de sus familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’ para la policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos, sindicalistas y activistas sociales. Un caso de este drama es el del preso político Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a presión por parte la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra líderes campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló bajo montaje judicial a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia:

“fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.” [6]. Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’”[Ibíd.].

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NOTAS:

*El presente texto es un aporte breve - a petición de los lectores-  sobre la temática de los presos políticos en Colombia, recomiendo la investigación extensa sobre el tema, que se presenta en 5 partes, de las cuáles a 20 de mayo 2012 ya han sido publicadas 4. La quinta parte será una investigación más extensa sobre la tortura en las cárceles colombianas, y será publicada en junio 2012. 

9.500 presos políticos en Colombia: ¡Rompamos el silencio! Exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social

Hice esta nueva imagen con la nueva cifra que se evidenció tras el encuentro del primer semestre 2012 en Colombia: hay en las cárceles colombianas al menos 9.500 presos políticos.

Exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social. 

Texto Azalea Robles, imagen Areito

Se estiman en más de 9.500 los hombres y mujeres actualmente víctimas de encarcelamiento político en Colombia. Un último informe de finales de 2011, habla de 9.500 presos políticos; la cifra de 7.500 es una cifra que vienen manejando las organizaciones de defensa de DDHH desde hace ya algunos años, lo que indica que muy probablemente esa cifra hoy estaría subvalorada, dado el incremento de encarcelamientos políticos en los últimos años, bajo los gobiernos de Uribe y ahora de Santos, bajo el cual estos encarcelamientos políticos continúan incrementándose de manera exponencial. La existencia de miles de presos políticos es testimonio de la guerra represiva desatada por el estado colombiano contra la reivindicación social; por lo tanto exigir la libertad para los presos políticos es parte medular de la construcción de una verdadera paz con justicia social. 

En Colombia el capitalismo se expresa al paroxismo: el terror correlativo al saqueo de los recursos para beneficio del gran capital se aplica de la manera más descarnada contra la población, con la finalidad de desplazar ingentes cantidades de personas de las zonas codiciadas, y de eliminar reivindicaciones. En tiempos en que el capitalismo mundial profundiza al extremo las contradicciones entre acumulación capitalista y supervivencia de la especie, las estrategias represivas desarrolladas en Colombia son destinadas también a ser aplicadas en la región, lo que constituye una razón más para solidarizarse con el pueblo colombiano -además de las razones éticas.

Para ahondar más, este texto que forma parte de una serie de textos sobre el tema:

Miles de presos políticos son el rostro de la empatía acribillada

Azalea Robles

La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar.

1. Introducción a una realidad invisibilizada 

Hay al menos 9.500 presos políticos en Colombia, otro triste ‘record’ de un estado cuyo nivel de represión y exterminio de la oposición rebasa incluso el de las dictaduras asumidas como tal, y que goza sin embargo de amplio beneplácito en la diplomacia internacional, porque muy fácilmente la llamada“comunidad internacional” cierra los ojos sobre genocidios, si éstos permiten el saqueo de los recursos del país anegado. La mayoría de los presos políticos en Colombia son civiles encarcelados bajo montajes judiciales: sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos encarcelados para callar su reivindicación social, desintegrar la organización política, y callar el pensamiento crítico. La práctica represiva de los encarcelamientos arbitrarios sigue recrudeciéndose. El 90% de los presos políticos son civiles, los presos políticos y de guerra de las organizaciones políticas militares FARC y ELN son aproximadamente el 10% del total de presos políticos. 

Presento en esta introducción dos testimonios de presos políticos por ser esclarecedores de una realidad silenciada: 

El profesor Miguel Ángel Beltrán, años preso político: “ La actitud de que a todo aquel que investiga la realidad social con un lente crítico se le tilda de guerrillero proviene de un Estado que persigue y criminaliza a quienes pensamos diferente. Mis escritos han sido tomados como prueba para acusarme del delito de rebelión, lo que constituye una clara persecución al pensamiento crítico.   El propósito del régimen al mantenerme privado de la libertad, es enviar un claro mensaje a los académicos críticos y a la universidad pública en general: 'cuídense de estudiar el conflicto social y armado con una perspectiva diferente a la oficial, porque miren lo que les puede suceder’. Y esto cala en algunos sectores.”   [1]   

Marinelly Hernández, presa política y de guerra testimonia de las aberrantes torturas que el estado colombiano comete contra los familiares de los insurgentes, una realidad silenciada: “A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo de sus manos introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y todo su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados, por último, le dieron un tiro de gracia en su cabeza; según medicina legal a nuestro padre lo torturaron vivo.Mi papá tenía 70 años de edad, ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria ¿Tenían que cobrarlo con la vida de mi padre?” [2]   

Marinelly, de una familia campesina, narra que durante su niñez vivió en carne propia las agresiones que el Ejército colombiano desató contra el campesinado por pertenecer al partido opositor Unión Patriótica (UP); fue testigo de múltiples asesinatos de campesinos, amigos, y familiares, cuyos cuerpos eran abandonados con señales de tortura o desmembramiento: “parte de la guerra sucia y psicológica que implementaron para asustar a los luchadores populares.” 

La prisionera explica que las violaciones del Estado colombiano la empujaron a la insurgencia, como su: “única forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”, y evitar “terminar masacrada, torturada o discapacitada por ser ejemplarizada como quedan muchos campesinos, o terminar siendo desplazada y viviendo de las limosnas en las ciudades”. [Ibíd. ]   

El trabajo de los defensores de derechos humanos y abogados de presos políticos es dificilísimo, siendo estos víctimas de una encarnizada persecución estatal que ha conllevado desapariciones forzadas, asesinatos, y hasta encarcelamientos de defensores y abogados de presos políticos. Por esta razón los estudios, denuncias y la comunicación con los mismos presos se ve dificultada. La persecución contra los que ejercen la solidaridad con los presos políticos, el aislamiento, los traslados, los castigos contra los presos defensores de derechos humanos y las amenazas contra familiares, aunados al implacable silencio de los medios masivos de comunicación, constituyen la invisibilización de una realidad cuyas dimensiones ponen de manifiesto el carácter profundamente antidemocrático del estado colombiano. 

Esta subvaloración mediática de los miles de presos políticos ha domesticado incluso las mentes de gran parte de la“izquierda”, que no los reclama debidamente; adoptando como prioridad los reclamos que imponen los mass-media y dejando casi olvidados a los miles de mujeres y hombres que están hoy tras las rejas por empeñar sus vidas en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. 

A la dramática situación de vulneración del derecho a conciencia, opinión y organización social, se le suma que los presos y presas están sufriendo condiciones de reclusión insalubres, con un hacinamiento extremo y la proliferación de epidemias correlativa; sufriendo penurias de los mínimos vitales que son formas de tortura y de vulneración a la integridad y a la salud como la privación de acceso al agua por períodos prolongados [3]; sufriendo atentados contra su salud y derechos básicos como lo es el suministro de alimentación en estado de descomposición o contaminada hasta por materia fecal [4], como se ha comprobado en varios penales. 

De igual manera se denuncia la práctica de aislar a ciertos presos políticos en medio de patios paramilitares, como medida evidente de atentar contra sus vidas. A eso se le suman otros crímenes de estado contra la población carcelaria, como lo son las torturas físicas y sicológicas y la tortura de denegación de asistencia médica .   

La declaración del último encuentro en solidaridad con los 9.500 presos políticos, expresó: 

“El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la entrega de prisioneros políticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión, y la muerte de los prisioneros (…) El hacinamiento obedece al aumento de internos como política criminal del Estado de aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que ‘atentan contra la seguridad del Estado’. Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional.” [5] 

Apenas finalizado el encuentro, las retaliaciones del estado se desataron: tomando sanciones arbitrarias contra presos y presas políticas y arremetiendo con especial brutalidad contra la protesta pacífica de los presos en la cárcel de Valledupar que estaban amarrados a 15 metros del suelo desde hacía semanas en protesta por las torturas, privación de agua y tratos degradantes que les infligen [6]. La policía procedió a soltarlos con violencia de las estructuras a las que estaban amarrados provocando caídas de hasta 15 metros de los presos; para luego encerrarlos y torturar a los que estaban aún concientes. Los presos del penal relatan que oían atroces gritos de tortura y que asimismo vieron como la policía sacaba cuerpos inertes en sábanas. Se contaron más de 30 heridos, y 5 prisioneros quedaron entre la vida y la muerte [Ibíd.] 

2. Vulneración de las libertades solo comparable a una dictadura militar: la sociedad entera es agredida 

La cantidad alarmante de presos políticos pone de manifiesto una situación gravísima de represión contra el pensamiento crítico, contra la reivindicación social y el derecho a la participación política, sólo comparable a la situación de vulneración a las libertades de una dictadura militar. La existencia de miles de presos políticos es relevante no solo para las mujeres y hombres que son víctimas del encarcelamiento por sus ideas, no solamente para sus familiares que son sumidos en el dolor y la persecución, sino también para la sociedad en su conjunto: en efecto, los presos políticos son seres humanos arrancados a la sociedad, privando a esta del capital humano de seres encarcelados precisamente por su entrega a la comunidad, por su indispensable trabajo documental, jurídico, docente, periodístico, sociológico, sindical, ambientalista. Es un atentado contra el desarrollo de un pueblo. Lo que busca el estado es desarticular la organización social, hacer desaparecer el tejido socio-político que pugna por un cambio en las relaciones de poder, de desigualdad social, de tenencia de la tierra. Las desigualdad social en Colombia es extrema. Colombia es el 3er país más desigual del mundo, justo tras Haití. En Colombia mueren anualmente 20.000 niños por falta de agua potable, en el 4to país con más riqueza hídrica del mundo. Ante la reivindicación social natural que surge de esta situación de inequidad, el estado, funcional al gran capital nacional y transnacional que se enriquece en base a la explotación laboral y al saqueo de los recursos, reprime de manera brutal: con sus herramientas oficiales (ejército, policía, fiscales) y paraestatales (la herramienta paramilitar) aumenta los asesinatos, las desapariciones forzadas y los encarcelamientos arbitrarios de intelectuales críticos, de activistas de procesos comunitarios, de organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas, afrodescendientes, viviendistas, ambientalistas, sindicalistas, etc. 

Niños violados y asesinados por el ejército colombiano: Terrorismo de Estado en Colombia. Difunda, que esta barbarie no quede impune

El 14 de octubre, en Arauca, Colombia, tres niños, Jefferson Torres (de 6 años), Jimmy Torres (9 años) y Jenny Narvey Torres (14 años), fueron secuestrados, violados y asesinados por soldados de la Octava división del Ejército colombiano.

Unos campesinos de la región, entre los cuales estaba el quebrado padre, encontraron los cuerpecitos torturados en una fosa común. Se ha encontrado sangre en los morrales de 8 de los 60 soldados de esa unidad del ejército, y semen en los cuerpitos amoratados de los niños. Además al menos 8 militares presentan rasguños.

Se trata de un crimen realizado por unos hombres amparados por la impunidad y la costumbre a las prácticas de Terrorismo de Estado.